La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamientos para la COVID-19.

«La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de la COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos», se afirma en el documento.

La OPS recomienda que la población evite consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas y que toda la comercialización de dichos productos con fines terapéuticos se informe a las autoridades.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 este año, «se han promovido en el mercado numerosos productos que contienen dióxido de cloro o derivados, solos o en combinación, que indican falsamente tener propiedades curativas para la COVID-19 e incluso otras dolencias asociadas», señala el documento.

El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como lejía o lavandina doméstica, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos.

Los ministerios de Salud y autoridades reguladoras de al menos nueve países de las Américas, incluyendo la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), junto con redes de centros de control de intoxicaciones y la Red Argentina de Centros de Información de Medicamentos (RACIM), han emitido alertas sobre los peligros para la salud del consumo de dióxido de cloro o clorito de sodio y han advertido sobre la comercialización de productos «milagrosos» no probados para prevenir o tratar la COVID-19.

La OPS recomienda que las autoridades de salud faciliten la notificación de eventos adversos relacionados con estas sustancias y emitan «las alertas y acciones reglamentarias necesarias, incluidas posibles sanciones, para evitar la recurrencia de eventos similares».